ENFOQUE IUS-ÉTICO
DE LA CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA
Juan José Bocaranda E
Nota previa
Cuando el 25 de agosto de 2004 publicamos la primera edición de
nuestra obra IUS-ÉTICA, EL DERECHO DEL NUEVO MILENIO, expresamos, respecto a la
CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA, lo
siguiente:
Imperando el Principio Ético en las actuaciones
de la OEA, resulta más que lógico admitir que este Principio debe operar
también en toda la estructura normativa de la Organización, incluyendo la CARTA
DEMOCRATICA INTERAMERICANA, que viene a ser, implícitamente, CARTA ÉTICO-DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA.
Puntualizando en función del Principio Ético, se
infiere que
1. Toda democracia debe ser una democracia moralmente representativa,
y no reducirse a un ejercicio meramente
jurídico y formal.
2. El carácter participativo de la democracia debe
contribuir a la convalidación de los valores democráticos sobre la base de
los valores éticos.
3. La solidaridad, ante todo moral, no es
solidaridad entre los Estados sino entre los pueblos a los que éstos
representan.
4. Es deber moral de los Estados Miembros velar por
la realización efectiva de los Derechos Humanos en todos y cada uno de
los Estados de la
Organización.
5. La lucha contra la pobreza y por los derechos
humanos, la educación y el medio ambiente, deben mirarse como un compromiso
moral y no como simples objetivos de la Organización.
6. El espíritu de lo hemisférico que anima la OEA subordina moral-mente los
intereses de cada Estado Miembro; y, a la vez, los intereses hemisféricos están
supeditados, moralmente, al espíritu de la universalidad.
7. El desarrollo del Derecho Internacional no
podrá ser pleno mientras se abstraiga de la necesidad básica de su desarrollo
ético o moral.
8. Los pueblos tienen derecho a una democracia
éticamente concebida y jurídicamente realizada.
9. La democracia éticamente concebida debe
constituir un catalizador positivo del desarrollo moral, social, político y
económico de los pueblos.
10.
El ejercicio
efectivo de la democracia moralmente representativa es fundamental para la existencia de un Estado Ético de Derecho.
11.
El
ejercicio de la democracia moralmente concebida supone una actitud ética del Estado en
cuanto se refiere a la realización de las actividades gubernamentales, al
concepto de responsabilidad en la gestión pública, a la realización de los
derechos sociales y al respeto por la libertad de expresión y de prensa.
12.
El fortalecimiento
moral de los partidos políticos es absolutamente necesario para que puedan
adquirir la condición de instrumentos eficaces y actualizados de la democracia
en el Estado Ético de Derecho.
13.
La democracia
moral es indispensable para la existencia y el ejercicio efectivo de la
democracia jurídica y política, de las libertades fundamentales y de los
derechos humanos.
14.
La
discriminación y la intolerancia deben ser evaluadas, ante todo, conforme al Principio Ético.
15.
La Ley Moral prohibe hacer prevalecer el tratamiento político
sobre el tratamiento ético, en la solución de conflictos internacionales
o respecto a la violación de los Derechos Humanos y de los principios
democráticos, por el Gobierno de alguno de los Estados Miembros.
16.
La suerte
de los pueblos no debe ser sacrificada en aras de la conveniencia o de los
intereses particulares de los Gobiernos.
17.
Cuando los
Jefes de Estado se desentienden de los graves atropellos que contra los
Derechos Humanos perpetra el Gobierno de un Estado Miembro, incurren en corresponsabilidad
moral por lesa dignidad, pues violan el Principio de la
Injerencia Humanitaria.
De todo lo anterior se desprende que, cuando la OEA reconoce
como indispensable la democracia representativa, sólo puede reconocer como tal
la democracia que se desarrolla en cada Estado conforme a las exigencias de la Ley Moral. Y, del
mismo modo, cuando promueve y consolida la democracia, debe hacerlo con criterios
éticos y no con criterios puramente jurídicos ni, menos aun, puramente
políticos o diplomáticos. Desde esta perspectiva, no es suficiente
velar porque los pueblos tengan derecho a la democracia: es necesario vigilar y
determinar si cada Gobierno promueve, defiende y realiza la democracia con
clara consciencia de que se trata de una responsabilidad moral permanente.
Tampoco es suficiente como base de la democracia
el "Estado de Derecho": se requiere un Estado Ético de
Derecho. Por consiguiente, no debe exigirse a la ciudadanía una participación
ética y responsable en el marco de la legalidad sin hacer igual exigencia y en
primer término, a los propios Gobiernos.
Por encima de los gobiernos están los derechos de
los gobernados y, primordialmente, la dignidad humana de éstos. La situación
de riesgo de un proceso político institucional no siempre y necesariamente
debe atribuirse a los gobernados, toda vez que puede provenir de los propios
gobernantes cuando su conducta no se corresponde con los fines de una democracia
éticamente calificada.
El análisis de la situación, cuando se han de
realizar visitas y otras gestiones respecto al ejercicio del
poder, debe comenzar por un enfoque ético de la forma en que dicho ejercicio
se desarrolla por parte de los gobernantes.
En ninguna situación ni circunstancia cabe hablar
de la "ruptura del orden democrático" sin establecer, en primer
lugar, si es el Gobierno el que la causa y en qué medida las reacciones del
pueblo se justifican moralmente.
La democracia y los procesos democráticos no son fines en sí mismos: son
medios moralmente calificados que deben ejercerse, esencialmente, en función
de la dignidad humana.
La Ley Moral aconseja que los mecanismos de
control que contempla la Carta
sean revisados, reajustados, actualizados, imprimiéndoseles la agilidad
necesaria para que la intervención de la Organización sea
oportuna y eficaz, y pueda evitar graves conflagraciones internas en el país de
que se trate.
La Organización debe distinguir las situaciones
"normales", de un desenvolvimiento totalmente anómalo, como el que
manifiestan los regímenes encaminados hacia la implantación progresiva de un
sistema totalitario dispuestos a subvertir las estructuras del Poder violando
el sistema legal.
La Organización debe recurrir a mecanismos menos
"diplomáticos" y de mayor drasticidad cuando observa cómo el Gobierno
restringe día tras día las libertades y el ámbito de acción de los adversarios,
en medio de un progresivo deterioro del ejercicio de los Derechos Humanos para determinados
sectores de la población.
Es un absurdo que, entonces, mientras los
acontecimientos políticos se precipitan en proporciones geométricas, la Organización se
limite a las modosidades diplomáticas, en lugar de abrir paso a medios más
claros, directos y eficaces. No hay derecho a sacrificar la libertad de un
pueblo en aras de los balanceos, de agradable circunspección y buenas maneras,
que diluyen el carácter y no concretan soluciones plausibles, éticamente
calificadas.
OBSERVACIÓN FINAL
Estamos
plenamente conscientes del terreno que estamos pisando. Conscientes de que la
POLÍTICA, mientras no se transmute en POLIÉTICA, como necesariamente habrá de
ocurrir algún día, se mantendrá como un auténtico “matadero”, como una “carnicería
sangrienta”, donde no hay principios
sino intereses –y de los más abyectos—y donde no hay lealtades sino
conveniencias. Estamos conscientes de todo esto. No obstante lo cual expresamos
lo ya dicho, con la esperanza de que todo habrá de cambiar cuando la Humanidad
supere sus graves deficiencias y tome el camino del ascenso moral y espiritual
que le corresponde.
En
las circunstancias políticas actuales, tanto a nivel nacional, como regional y
universal, los incrédulos, por una parte, y los beneficiarios de los ríos
revueltos, por la otra, sólo reirán de las “ilusiones utópicas” de un soñador. Sin
embargo, esa actitud despectiva ante la Verdad, jamás queda impune porque la
Historia, saturada de los efluvios de una nueva consciencia, pasa factura a los
miopes y a los que no quieren ver, quienes serán juzgados por su complicidad,
por su cobardía y por la actitud banal y superficial. También serán juzgados
por los males que pudieron evitar y no evitaron, contribuyendo con su
inconsciencia, al dolor de los individuos, de las sociedades y de la Humanidad.
Pagarán no sólo por lo que pudieron hacer y no hicieron, sino también por lo
que hubiesen debido dejar de hacer y sin embargo hicieron. Porque ser
funcionario no es una casualidad: es un destino que implica una misión moral y
espiritual que debe ser cumplida.
