A finales de la primera mitad del Siglo XX, el
Derecho se dio cuenta de sus limitaciones. Después de haber comprobado por su
propia experiencia cómo el nazismo lo había manipulado abusivamente,
utilizándolo para revestir con ropaje jurídico los más graves atropellos contra
la esencia misma de lo humano, se
sintió obligado a buscar ayuda en la Moral. Porque sólo ella, por causa de su naturaleza,
podía otorgarle la firmeza axiológica superior que hubiese logrado evitar tan
grave desviación.
Es que
una concepción estrictamente jurídica de lo jurídico, no constituye base firme
para que el Derecho pueda marchar a impulsos de su sola entidad: se requiere
del apoyo de la Moral ,
lo que trae como consecuencia la necesidad de que no se limite hoy al control
puramente externo del conglomerado social, sino que se erija en instrumento colaborador para el ascenso de la Humanidad.
En el
mundo crecientemente complejo de hoy, se precisa adecuar las instituciones a
las necesidades históricas y sociales, y que el ser humano haga honor a su
nivel de evolución, exigiendo el hallazgo de nuevos medios de reivindicación de
la Justicia
y la implantación de las condiciones requeridas para el sosiego de la Humanidad.
Estamos viviendo una realidad crecientemente peligrosa para la supervivencia
del Mundo: como escribe Ricardo Morales Basadre (Hacia una ética global y
una ética pública), vivimos "situaciones colectivas de alto
riesgo", como "la amenaza de la energía atómica, el sombrío panorama
ecológico o los riesgos de la manipulación del caudal genético del
hombre".
Aumenta el número de naciones provistas con armas atómicas, y el de
individuos y grupos dedicados a un terrorismo atroz. Los Estados realizan
esfuerzos para contrarrestarlo y dominarlo a través de medios represivos y
jurídicos, con la ilusión de que ello será suficiente, sin profundizar en el
estudio de las causas, pues ignoran sus propios defectos, que se sintetizan en
uno substancial: la falta de autenticidad moral. Se autodenominan
"Estados de Derecho", y en ello se complacen, sin pensar que el
Derecho no funciona cabalmente sin la convicción moral de su necesidad. Se
aferran a la concepción meramente externa del Derecho, definiéndolo
dogmáticamente como simple regulador de las relaciones del hombre en sociedad,
sin mirar que tales relaciones no pueden ser eficaces si pretenden sustentarse
a sí mismas, es decir, sin que el andamiaje jurídico se apoye en un
"piso" de solidez espiritual, y sin que les alimente una teleología
superior.
Por
estas razones, en el presente milenio, la Humanidad espera la conformación de un Derecho radicalmente distinto, y exige
al Estado un criterio más elevado de calificación del funcionario público, que
vaya mucho más allá y por encima del simple enfoque jurídico: ese criterio es
la idea de responsabilidad moral, cónsona con un Derecho Nuevo que, por cuanto
se conjuga substancialmente con la
Moral , debe recibir una denominación igualmente nueva: nosotros proponemos el término Ius-ética.
Mientras el pensamiento tradicional fundamenta el concepto de Derecho
sobre ideas y criterios puramente jurídicos, la Ius-ética destaca la comunión de los elementos
jurídico y moral, de tal forma que, a la definición del Derecho, concurran por
esencia, ambos factores.
Ello
implica la necesidad de que asumamos el
Principio Ético como plataforma para la construcción de una institución
novedosa que haga efectivo el reclamo de la sociedad por un Estado
verdaderamente moralizado, por una Justicia Ética y por un funcionario
plenamente responsable.