EL ESTADO DE
CARNE Y HUESO.
VISIÓN IUSÉTICA
Juan Josè Bocaranda E
El Estado
real no es el que nos pintan los teóricos del Derecho sino el que viven y
vivencian los funcionarios a cada instante, es decir, el ESTADO DE CARNE Y HUESO.
La presencia de
los funcionarios en el Estado es de carácter tan indispensable, que sin ellos
no puede existir el Estado, porque la voluntad de éste tiene que manifestarse
necesaria, indispensablemente, a través
de sus “servidores”.
Olvidar esta
realidad arrastra a un idealismo absurdo,
pues lleva a suponer que el Estado es un ente substante, capaz de dirigirse a sí mismo como si se
tratase de un ser humano real.
Cuando se deja
de lado esta visión errónea y fantasmal, se desemboca en “la realidad de
lo humano en el Estado”, en la presencia necesaria del hombre como
expresión evidente del Estado y en el hecho de que el Estado vive, día y noche, “condicionado por lo humano”. Porque lo representa un
ser imbuido de pasiones e intereses, susceptible de realizar buenas o malas
acciones, dotado como está, de consciencia y voluntad.
Si se olvida
esta realidad y la atención se centra, en forma predominante, en la presencia
abstracta del Estado, el funcionario
como sujeto del deber moral queda en la sombra, o por lo menos en la
medianía, y esto trae como consecuencia que la responsabilidad
moral se reduce al mínimo, causa
fundamental de la ineficiencia y del fracaso del Estado.
Así, pues, ha de
admitirse que el funcionario es factor clave para la realización del Estado.
El gravísimo problema de la ineficiencia del Estado
se origina en la concepción misma del ESTADO
DE DERECHO.
En el Estado de
Derecho, el DERECHO se asume en forma exclusiva, mientras que se
mantiene a raya la Moral. Allí sólo el Derecho empuña el mando y traza el
camino. Al erigirse el Principio Jurídico en premisa exclusiva del Estado, la
responsabilidad del funcionario queda
reducida a un asunto de responsabilidad
civil, penal, administrativa y disciplinaria; y cuando la responsabilidad
jurídica prescinde de la responsabilidad moral, queda debilitada y cae en la
frustración, pues el Derecho, por sí solo, carece de la fuerza
superior necesaria para impulsar al funcionario hacia la realización del bien.
Porque el Derecho, a diferencia de la Moral, es manipulable. El funcionario
manipula al Derecho, justamente, porque no se lo impide la Moral, y la Moral no
se lo impide porque el Estado de Derecho la mantiene alejada de su ser y de su
actuar. De esta manera, el Estado de Derecho labra su
propia inefectividad y genera su propio fracaso,
No hay que
olvidar esta correlación: la ley es al funcionario como el
funcionario es al Derecho, como el Derecho es a la Moral, como todo ello es al
Estado.
El ser y la vida
del Estado dependen de una concatenación de elementos, factores y condiciones,
una de las cuales, fundamental, es la conducta del funcionario como sujeto de
responsabilidad moral.
Quienes
defienden al ESTADO DE DERECHO como el non
plus ultra de los Estados, deben tener muy presente que UN ESTADO QUE DESTIERRA LA MORAL, ES UN ESTADO INMORAL. NI SIQUIERA
AMORAL, SINO INMORAL. “INMORAL EN VIVO Y DIRECTO”...
