Juan Josè Bocaranda E.
El jurista y político Maurice Duverger,
fundador de una de las primeras facultades para la ciencia política en Francia,
escribe que "cada sociedad se forma ideas particulares sobre la naturaleza
y las modalidades del poder y de la obediencia". Y define la legitimidad
del poder como "la cualidad que presenta un poder de ser conforme a la
imagen del poder que se considera válida en la sociedad".
Ahora bien, observamos nosotros, a medida
que aumenta el sentido crítico de la Humanidad, aumenta también la valoración
moral de las instituciones, más allá del Derecho. Lo que nos lleva a afirmar
que la crìtica, asì como “hace al hombre” (R.C. Kwant), hace también a las
sociedades conforme al momento que les corresponde vivir. Por ello, presente la
Moral en el Derecho a través de los Derechos Humanos, hoy, cuando el pueblo
valora a un Gobierno, lo hace conforme a la Moral Pública, y es en ese sentido
fundamental como lo aprueba o lo descalifica. Por consiguiente, el
consentimiento de los gobernados es fundamental en la idea de legitimidad del
Poder Público, y se refiere, especialmente, a la medida en que el mismo acate
los valores éticos.
Cabe afirmar, entonces, que la única
"imagen del poder" que la sociedad considera válida hoy, es la de un
Estado regido por la Ley Moral en atención al valor de los Derechos Humanos. Lo
que quiere decir que para que exista la legitimidad del poder no son
suficientes el aporte del Derecho, ni la organización que éste realice aun con
"criterios de justicia", pues esto sería una concepción formal y
estática. Se requiere una legitimidad substancial, en desarrollo cotidiano y,
en este sentido, se precisa una idea de justicia permanente, que no puede tener
lugar sin el aporte y orientación del Principio Ético y si los funcionarios no
la encauzan por la senda del bien, acatando la Ley Moral. Porque la justicia no
es simplemente "idea", sino también y sobre todo, valor, voluntad,
sentimiento.
Sin un real sentimiento de lo justo,
resulta fácil que la "idea" de justicia se desvíe al influjo de
malabarismos intelectuales y formales, que redunden en la violación de los
Derechos Humanos o en la negación específica de los valores y de los principios
democráticos.
El poder así evaluado, no puede
realizarse sino en el Estado Ético de Derecho, que, consciente de sì mismo,
somete su propio concepto y desarrollo, y el concepto y desarrollo del Derecho,
al dictamen de un orden superior, emanado de la Ley Moral, que penetra en el
sistema jurídico a través del Principio Ético: se trata del Principio Superior de Perfección del orden
moral, que le ordena practicar el bien y evitar el mal.
Esta nueva visión recurre a una fuerza
superior que asegura el camino que el Estado, el Poder y el Derecho deben
transitar. El bien que indica el
Principio Ético y exige el Principio Superior de Perfección, tiene como
objetivo la dignidad humana, cuyo
concepto es el mismo en todos los rincones de la Tierra, por lo que constituye
un criterio objetivo, universal y
constante.
Establecido así, en forma indubitable, el
objeto del "bien", la entidad de éste consiste en que toda actuación
del Estado debe contribuir al mayor progreso y enriquecimiento de la dignidad
humana, y éstos son parámetros dentro de los cuales gira la legitimidad del poder.
Por consiguiente, todo Estado Ético de Derecho marcha sobre seguro cuando,
asumiendo la dignidad humana como centro, admite que su esencia y su quehacer
deben regirse por aquel Principio Superior, exigiendo que sus funcionarios se
conduzcan por la idea del bien, y que todo el sistema jurídico exista y
funcione en atención a ese valor.
Si el Estado es "Ético",
también sobre sus elementos, interrelacionados y dinamizados, debe incidir ese
carácter, y por esta razón hoy debe hablarse, no del "Poder en el Estado
de Derecho", sino del "Poder
Moral del Estado Ético de Derecho". De esta manera, cuando el
Principio Ético es asumido por la realidad del Estado, el Poder se transforma
en "soberanía bien entendida", y comienza a concebirse como sano
Poder en el orden interno y como igualdad solidaria y pacífica en el orden
internacional.
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