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Aquì cabe de todo
POR
QUÈ EN LA MORAL PÙBLICA NO OPERA EL LIBRE ALBEDRÌO
Juan Josè Bocaranda E
Estamos de acuerdo con la tesis de
que la Moral no puede ser impuesta por la fuerza al individuo porque si èste no
actùa con conciencia y libertad, no hay mèrito en su acción, y, por lo tanto,
no se perfecciona moralmente. Sin embargo, en criterio de la IUS-ÈTICA, este
principio no opera en la esfera de la Moral
Pùblica.
En la MORAL PÙBLICA el
funcionario debe cumplir por fuerza el Principio Ètico porque no es dueño de esa
realidad, sino su subordinado y, por consiguiente, no està en libertad de
disponer de ella. Allì carece de
libre albedrìo, es decir, del poder
de opción, de la facultad de elegir entre aceptar la norma moral o
rechazarla.
La razón de ser de esta
diferencia entre la Moral Privada y la Moral Pùblica radica en el fin de una u otra: la Moral Pùblica no persigue el
perfeccionamiento interno del individuo como tal, sino el perfeccionamiento del
individuo como funcionario, para que el Estado al que pertenece también se
perfeccione, rindiendo con la mayor efectividad. En consecuencia, para la Moral
Pùblica no interesa el mèrito moral del sujeto, sino su mèrito funcionarial, es decir, su mayor rendimiento consciente como
agente del Estado.
Si se admite que el libre albedrìo
opera en la Moral Pùblica, el Estado desemboca en el caos y en una
ineficiencia total, pues cada funcionario obra conforme a su capricho y a sus
intereses.
Como en el Estado de Derecho no impera la Moral con acento, sino un tenue
asomo, lejano y tìmido de èsta, el funcionario se cree en libertad de elegir,
moralmente, entre cumplir y hacer cumplir la ley, o abstenerse de cumplirla y
permitir que los demás tampoco le den el debido cumplimiento.
Con esto queremos decir que en el Estado de Derecho
el deber del funcionario es meramente jurídico, no moral, a diferencia del ESTADO ÈTICO DE DERECHO, donde el funcionario
será sancionado si se abstiene de cumplir el Principio Êtico o cuando lo viola
directamente.
El libre arbitrio constituye en el ESTADO DE DERECHO, el màs amplio y libre portalón para la irresponsabilidad del funcionario y para
la ineficiencia del Estado.
