PROPUESTA DE LA CONSTITUCIÒN IUSÈTICA. Juan Josè Bocaranda EA






LA  CLAVE IUS-ÈTICA DE HOY.

PROPUESTA DE LA CONSTITUCIÒN IUS-ÈTICA

Juan Josè Bocaranda E


 PARA TODOS LOS PAISES CUYA LEGISLACIÒN RECONOZCA LOS DERECHOS HUMANOS.


Aun se nos siga tildando de locos o de ignorantes en un mundo repleto de gente mediocre que no ve màs allà de la casa del frente, nos permitimos presentar la propuesta de una CONSTITUCIÒN IUS-ÈTICA como Base  y Marco de la Constituciòn Polìtica...

Si estamos en presencia en un milenio de cambios substanciales, ¿por què el Derecho y el Estado han de permanecer blindados contra el avance de los tiempos, satisfaciéndose sòlo con los retoques que les aplica una evolución horizontal reducida a decir lo mismo con nuevos giros o nuevas palabras, sin buscar una evolución vertical, en espiral,  que los eleve hacia cometidos se orden superior? ¿Por què si evoluciona el contenido no evoluciona el continente?  “Vino nuevo en odres nuevos”, para que los pellejos no se rompan y el vino no se derrame.

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La moral llega adonde, cuando, porque
y como el derecho no puede hacerlo.

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La vigencia del principio ètico en la constituciòn
es la vigencia necesaria de una superestructura moral
con repercusiones jurìdicas.
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CONSTITUCIÓN IUS-ÉTICA DE LA
REPÚBLICA DE…



TÍTULO PRELIMINAR: BASES PRIMORDIALES

Artículo 1
     El Estado de la República de... es el pueblo ética, jurídica y socialmente organizado en Estado Ético de Derecho, esencialmente benefactor.

Artículo 2
     La norma suprema del ordenamiento jurídico es el Principio Ético, expresión constitucional de la Ley Moral y del Principio Superior de Perfección del orden moral, que obliga a los funcionarios públicos a realizar el bien y únicamente el bien cuando actúan en nombre del Estado.
     A los efectos de esta Constitución, se entiende como Ley Moral, la Moral dotada de poder jurídico como consecuencia de la implantación de los Derechos Humanos en el ordenamiento jurídico. Se entiende como bien únicamente lo que redunde en beneficio de la dignidad humana y en la realización de los Derechos Humanos.

Artículo 3
     A las exigencias del Principio Ético deben someterse la concepción, elaboración, aprobación, promulgación y aplicación práctica de todas las normas jurídicas, así como todas las actuaciones del Estado y el comportamiento total del funcionario público.

Artículo 4
     En virtud de la simbiosis del Principio Ético con el Principio Jurídico, el sistema jurídico es necesariamente bifactorial y su interpretación binaria.
     De los Principios Ético y Jurídico derivan, respectivamente, los conceptos de delito moral y de delito jurídico, en cuanto se refiere a los funcionarios públicos.

Artículo 5
     Sobre la Constitución Política rige la Constitución Moral generada por la Ley Moral.
     En la Moral Pública inherente al Principio Ético, no opera el libre albedrío.

Artículo 6
     El poder de regir en el ordenamiento jurídico y en el Estado Ético de Derecho que el Derecho delega en la Moral a través del Principio Ético, implica todas las consecuencias inherentes:
a)    La prevalencia de la Ley Moral sobre el Derecho, constituye la fuente de las Acciones y de los Recursos Morales
b)   La Ley Moral no se subordina a los conceptos y criterios meramente jurídicos, porque ella tiene los suyos propios
c)    El Derecho cede a la Ley Moral sus estructuras adjetivas para que canalice su autoridad
d)   Los alcances de la interpretación de la Ley Moral no deben ser limitados, condicionados ni contradichos por argumentos meramente jurídicos
e)    La lógica de la necesidad moral es independiente de la lógica de la necesidad jurídica, que le está subordinada
f)     La Justicia meramente jurídica debe ser orientada y corregida por la Justicia Moral, y la Seguridad Moral es anterior y superior a la Seguridad Jurídica
g)    El principio de la Legalidad Moral prevalece sobre el Principio de la Legalidad Jurídicaç
h)   La Ley Moral no se apoya en tecnicismos sino en valores y principios
i)      El Sistema penal no debe interferir el Sistema Moral Sancionatorio j)   La validez jurídica no implica por sí sola la validez moral de las actuaciones estatales, y la validez moral no prejuzga de la validez jurídica
j)      La Ley Moral es la Constitución Suprema de la Nación, y sobre ella descansan la soberanía popular y la Constitución política
k)   En el Estado Ético de Derecho funcionan sin interferencias la res iurídice iudicata y la res moraliter iudicata
l)      Para el ejercicio de las Acciones y de los Recursos Morales, la soberanía popular halla en el Principio Ético el fundamento de su titularidad, y en el Patrimonio Moral de la Nación el motivo para actuar
m) La raíz finalista de todas las instituciones del Estado es la dignidad humana. El recurso jurídico supremo es la Ley Moral por vía del Principio Jurídico
n)   La Ley Moral ordena abstenerse de sobreponer al tratamiento ético, el tratamiento puramente jurídico o político de los asuntos del Estado
o)   El debido proceso moral es anterior y superior al debido proceso jurídico
p)   El contenido jurídico debe prevalecer sobre la forma jurídica, y la Ley
Moral sobre ambos
r)     La Ley Moral impone en el sistema jurídico del Estado Ético de
Derecho, parámetros adecuados a la naturaleza y fines del Principio
Ético

Artículo 7
     El Estado y los funcionarios quedan sometidos al principio del buen uso de poder, actuando con un criterio de responsabilidad plena, bajo las exigencias de la Ley Jurídica, regida por el Principio Ético.

Artículo 8
     Los funcionarios quedan sometidos al principio de la buena fe, actuando en nombre del Estado con la intención sana y seria de seguir la línea del bien que traza el Principio Superior de Perfección.

Artículo 9
     La violación del Principio Ético determina la inexistencia moral del acto estatal y el enjuiciamiento moral del funcionario público que la perpetre, a efectos de lo cual se aplicarán las pautas del procedimiento penal ordinario, circunscritas por los principios de ajuste: analogía, adecuación y abreviación.

Artículo 10
     Las Acciones y los Recursos existentes en las diferentes leyes adjetivas, serán aplicadas por los Tribunales a los fines del cumplimiento del Principio Ético, conforme a los principios de ajuste señalados en el Artículo anterior.
     Corresponde a la soberanía popular el ejercicio de las Acciones dirigidas
1.    a que se declare la inexistencia moral de las actuaciones del Estado, a cuyos efectos se crean la Acción de Anti-constitucionalidad por violación grave del Principio Ético; el Recurso Contencioso-administrativo por causa moral, y la Acción de Amparo Constitucional por causa moral;
2.    a que se salvaguarde la legitimidad del Poder Público mediante la Acción de Desconocimiento Moral; la Acción Moral Conminatoria, y la Acción de Veto Moral.
3.    a que sea establecida la responsabilidad moral del funcionario público, mediante la Acción de Enjuiciamiento Moral.

     También corresponden al ejercicio de la soberanía popular los Recursos Procesales de Orden Moral: a) la Apelación por causa moral contra autos o sentencias violatorios del Principio Ético; b) el Recurso de Casación por causa moral contra autos o sentencias violatorios del Principio Ético; c) el Recurso de Revisión Moral; d) los Recursos de Reclamo o de Queja por causa moral; e) el Recurso de Avocamiento por causa moral.

Artículo 11
     La titularidad para el ejercicio de las Acciones y de los Recursos Morales, pertenece a todo ciudadano hábil y capaz, quien las interpondrá directamente, sin intermediación de órgano público alguno.

Artículo 12
     En toda sentencia subida en alzada, los tribunales deberán considerar el acatamiento del Principio Ético por el a quo, como asunto de previo pronunciamiento.

Artículo 13
     El Estado, atendiendo al principio de reciprocidad, fundará sus relaciones con los demás Estados, sobre la Ley Moral de Cooperación, en función de la dignidad humana y de las Naciones.

Artículo 14.
     Para ejercer cargos de elección popular se requiere constancia de solvencia moral expedida por el órgano competente, conforme a los principios de rectitud, veracidad, justicia, objetividad e imparcialidad.

Artículo 15
     Las organizaciones democráticas de ciudadanos tienen el poder y el deber de participar con voz y voto, en el debate relativo a la evaluación moral del candidato o aspirante a ocupar cargos públicos en el nivel de altos funcionarios.

Artículo 16
     El funcionario declarado culpable en el proceso de Enjuiciamiento Moral, por violación grave del Principio Ético, será sancionado con destitución y descalificación ad perpetuum, para ocupar cargos públicos y participar en actividades políticas. Perderá, igualmente, los derechos y beneficios que le hubieren podido corresponder. Todo ello sin perjuicio e independientemente del enjuiciamiento penal al que fuere sometido.

Artículo 17
     Los Tribunales competentes declararán la inexistencia moral de los contratos celebrados por la República cuando hubiere sido violado gravemente el Principio Ético por los funcionarios que participaron en la realización de aquéllos. Igualmente ordenarán la recuperación inmediata de los derechos y la salvaguarda de los intereses de la Nación.

Artículo 18
     En ningún caso o circunstancia los miembros de los órganos legislativos gozarán de inmunidad moral en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ello. Todo ciudadano tiene el deber y el derecho de acusarlos por ante los tribunales competentes, por la violación grave del Principio Ético.




Artículo 19
     Incurrirá en denegación de justicia el juez que se abstenga de dar curso o de decidir las causas fundadas en el Principio Ético, bajo el pretexto de que en el sistema jurídico no se contemplan procedimientos expresos para esa finalidad.

Artículo 20
     Corresponde al máximo tribunal de la República velar activamente por la vigencia y acatamiento de la Constitución Moral por los demás Poderes y órganos del Estado, fundamentalmente en lo que respecta a la interpretación binaria del ordenamiento jurídico y a la calidad ética de las actuaciones estatales.

Artículo 21
     Los Poderes del Estado orientarán a los funcionarios públicos en cuanto se refiere a la vigencia, realización y cumplimiento del Principio Ético.

Artículo 22
     Serán especialmente favorecidas por el Estado, las Organizaciones no Gubernamentales que tengan por objeto la realización del Poder Moral en atención a la vigencia del Principio Ético.

Artículo 23
     Todas las disposiciones restantes de la presente Constitución y todas las normas del sistema jurídico, deberán someterse cabalmente al espíritu de las Bases Primordiales.