Prensa
MANDAR MAL PUEDE CUALQUIERA
Juan Josè Bocaranda E.
No basta sentarse a mandar. Sentarse a mandar es lo màs fàcil del
mundo cuando se està decidido al abuso. Lo meritorio radica en saber por què se
manda y còmo se manda. Tener conciencia de mando.
El mandatario es sujeto de responsabilidad moral, como el que màs,
pues està a la cabeza y debe dar el ejemplo. Por todo ello es necesaria la
evaluaciòn moral del poder, en toda circunstancia, a cada instante. Allì radica
la LEGIMIDAD.
El jurista y político Maurice Duverger, fundador de una de las
primeras facultades para la ciencia política en Francia, escribe que "cada
sociedad se forma ideas particulares sobre la naturaleza y las modalidades del
poder y de la obediencia". Y define la legitimidad del poder como
"la cualidad que presenta un poder de ser conforme a la imagen del poder
que se considera válida en la sociedad".
Ahora bien, observamos nosotros, a medida que aumenta el sentido
crítico de la Humanidad, aumenta también la valoración moral de las
instituciones, más allá del Derecho. Lo que nos lleva a afirmar que la
crìtica, asì como “hace al hombre” (R.C. Kwant), hace también a las sociedades
conforme al momento que les corresponde vivir. Por ello, presente la Moral en
el Derecho a través de los Derechos Humanos, hoy, cuando el pueblo valora a un
Gobierno, lo valora conforme a la Moral Pública, y es en ese sentido
fundamental como lo aprueba o lo descalifica. Por consiguiente, el
consentimiento de los gobernados es fundamental en la idea de legitimidad del
Poder Público, y se refiere, especialmente, a la medida en que el mismo
acate los valores éticos.
Cabe afirmar, entonces, que la única "imagen del poder" que
la sociedad considera válida hoy, es la de un Estado regido por la Ley Moral
en atención al valor de los Derechos Humanos. Lo que quiere decir que para
que exista la legitimidad del poder no son suficientes el aporte del Derecho,
ni la organización que éste realice aun con "criterios de justicia",
pues esto sería una concepción formal y estática. Se requiere una legitimidad
substancial, en desarrollo cotidiano y, en este sentido, se precisa una
idea de justicia permanente, que no puede tener lugar sin el aporte y
orientación del Principio Ético y si los funcionarios no la encauzan por la
senda del bien, acatando la Ley Moral. Porque la justicia no es simplemente
"idea", sino también y sobre todo, valor, voluntad, sentimiento.
Sin un real sentimiento de lo justo, resulta fácil que la
"idea" de justicia se desvíe al influjo de malabarismos intelectuales
y formales, que redunden en la violación de los Derechos Humanos o en la
negación específica de los valores y de los principios democráticos. El poder así
evaluado, no puede realizarse sino en el Estado Ético de Derecho.