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Aquì cabe de todo
Aquì cabe de todo
LAS LEYES Y LOS
FUNCIONARIOS
Juan Josè Bocaranda E
En un país deben
existir tantas leyes cuantas exija la realidad, pero sòlo bajo el
convencimiento de que las mismas no están imbuidas de una virtud mágica que les
haga surtir efectos por sì solas, al margen del papel que, respecto a ellas,
debe desempeñar aquel ser humano de carne y huesos, que todos conocemos,
llamado funcionario. Justamente, el problema de la ineficacia de las leyes es
consecuencia del hecho de que no se enfatiza en forma suficiente, la
responsabilidad del funcionario en su deber de cumplir y hacer cumplir las
leyes. Al parecer no quiere darse cuenta de que cumple la ley únicamente
en la forma y en la medida en que haga que los ciudadanos les den
cumplimiento.
Bien es cierto que
los sistemas jurídicos modernos establecen una cuádruple responsabilidad del
funcionario: penal, civil, administrativa y disciplinaria. Pero,-lo hemos
señalado en muchas oportunidades- la responsabilidad meramente jurìdica no
basta, porque se requiere, como base, el énfasis plenamente consciente de la
responsabilidad moral. Y asì lo demuestra la realidad social: abundan
leyes que pretenden ser completas y técnicamente perfectas, no obstante
lo cual se cumplen a medias o, sencillamente, no se cumplen, y no se cumplen
porque la falla comienza por la base: un funcionario corrupto o negligente, que
se da por desentendido, a menos que pueda hallar en su oficio alguna ventaja
económica ilegìtima. En dos palabras, no hace honor al juramento mucho màs allà
del compromiso jurídico: el compromiso que tiene, como ser humano y como
ciudadano y patriota, con su condición de sujeto de responsabilidad moral.
Hace mucho tiempo
llegó el momento de tomar consciencia de que el libre albedrìo no puede
ser aplicable en el ámbito de la Moral Pùblica; de que el funcionario no està
en libertad de optar, moralmente, entre hacer cumplir la ley o dejar de
hacerlo. Ha llegado el momento de profundizar, para que el Estado sea
efectivo, al conjugar la eficacia de la ley con la eficiencia del funcionario.
Eficiencia èsta que depende del grado de entrega del funcionario al idea de
contribuir a la formación y consolidación de un país mejor.
Es necesario
imponer coactivamente al funcionario el deber moral de cumplir la ley, sin
excusas ni contemplaciones. Para ello està el Principio Ètico Constitucional,
cuya presencia gigantesca y deslumbrante como un sol, muy pocos quieren mirar
justamente porque otorga beligerancia plena a los valores morales en el
sistema legal. Es decir, los valores morales penetran plenamente en el sistema
legal, haciéndose jurídicamente obligatorios, a través del Principio Ètico, que
debe regir sobre todas las actuaciones del Estado, sobre la totalidad del
ordenamiento jurídico y sobre el comportamiento de los funcionarios. Por
consiguiente, constituye un drástico factor de disciplina administrativa.
.Puede crearse un
océano de leyes, pero fracasaràn todas, porque no se le saca partido a un
factor esencial como el Principio Ètico.